Colombia quiere que lo adopten. En Venezuela, su familia lo quiere de vuelta.

Niños juegan frente a la casa de los Guanipa en Punto Fijo, Venezuela, el 28 de Julio de 2022. (Andrea Hernandez Briceno/For The Washington Post)
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BOGOTÁ, Colombia — El niño había estado en el sistema de bienestar familiar por casi dos años y el tutor legal se estaba quedando sin opciones.

Traído a Bogotá por su madre venezolana y después abandonado, el niño de cabello castaño había pasado más tiempo bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de lo que permite la ley. Los funcionarios de la dependencia le habían dicho a la Corte Constitucional del país que habían hecho todo lo posible para encontrar a la madre y que no habían tenido éxito. Tampoco pudieron ubicar familiares en Venezuela para cuidarlo.

Ahora, la defensora de familia del niño le pedía al tribunal que lo convirtiera en ciudadano, un primer paso para poder darlo en adopción.

Pero, en la ciudad natal venezolana del niño, los miembros de su familia extendida —una tía, una bisabuela y un prima que lo cuidaban cuando era un niño— dicen que nunca fueron contactados por los funcionarios del gobierno colombiano. Ninguno sabía sobre el caso de la corte.

El niño, que ahora tiene seis años, es uno de los cerca de 1.200 niños venezolanos que están atrapados en un sistema de bienestar infantil que no ha querido o no ha podido encontrar a sus familias, bajo un gobierno que no tiene relaciones diplomáticas con el vecino país.

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Colombia ahora ha decidido optar por lo que ve como una solución: iniciar el proceso para que estos niños sean elegibles para la adopción. Con la aprobación de un juez, unos 235 niños en circunstancias similares podrían ser colocados permanentemente con nuevas familias.

Pero una investigación de The Washington Post cuestiona las afirmaciones del gobierno. Los funcionarios le dijeron a la Corte Constitucional que habían agotado todos los medios para encontrar a familiares que pudieran cuidar al niño. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar estuvo de acuerdo y escribió que “la familia materna no tiene interés de ser contactada o hacerse cargo del niño”.

A las reporteras del Post les tomó menos de una semana usar Facebook para identificar y contactar a los familiares del niño en Venezuela, así como a su madre en Bogotá.

Todos dijeron que quieren al niño de vuelta.

Los niños dejados en el limbo

En enero de 2019, funcionarios de la Cancillería de Venezuela viajaron a Colombia con boletos de avión y autobús para 12 niños

Los 12 formaban parte de una lista más larga de niños venezolanos en el sistema de bienestar familiar de Colombia, quienes habían sido identificados por las autoridades entre 2017 y 2018, según documentos revisados ​​por el Post. Las autoridades colombianas y venezolanas habían dado autorización para que los 12 niños regresaran a su país de origen, algunos con sus familias y otros a hogares de acogida o centros de atención administrados por el gobierno.

Pero durante el viaje de los funcionarios venezolanos, las autoridades colombianas dejaron de responder a sus llamadas, según personas que participaron en la misión y que hablaron bajo la condición de anonimato para poder discutir temas sensibles. Después de tres días, los diplomáticos venezolanos regresaron a casa sin los niños.

Las autoridades colombianas dijeron que habían decidido no repatriarlos a Venezuela, en parte porque no podían garantizar que estarían seguros en instalaciones a cargo del desmoronado Estado socialista. Funcionarios venezolanos dijeron que la decisión se tomó sin su conocimiento o aporte. Acusaron a Colombia de usar a los niños como peones en el conflicto político entre los gobiernos vecinos.

Algunos de los 12 permanecieron en el sistema debienestar familiar de Colombia hasta que alcanzaron la mayoría de edad. En al menos un caso, uno de los padres viajó a Colombia para buscar al niño. Otros todavía están en el sistema.

Un mes después de la fallida misión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con Colombia.

La causa inmediata fue la negativa de Colombia a reconocer la reelección de Maduro en las elecciones de 2018, ampliamente vistas como fraudulentas. Colombia, al igual que Estados Unidos, reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el líder legítimo del país. La medida llegó después de años de antagonismo entre la Venezuela socialista y Colombia, liderada por el presidente de derecha Iván Duque.

Sin embargo, con la economía venezolana en caída libre, los venezolanos continuaron llegando a Colombia, donde han migrado casi dos millones de personas, y sus niños continuaron inundando el sistema de bienestar familiar. La oposición liderada por Guaidó, reconocida por Colombia, Estados Unidos y otros países como el gobierno legítimo de Venezuela, no tenía acceso a recursos estatales para ayudar en la búsqueda de las familias.

“Detrás de todo esto hay un asunto diplomático y político complicado”, dijo Felipe Cortés, excoordinador del Grupo Especial de Niñez Migrante en el Instituto de Bienestar Familiar, y que ahora trabaja con la organización Save the Children. “Venezuela podría decir que estamos secuestrando niños. Pero si los devolvemos, también podemos ser acusados ​​internacionalmente por no velar por las condiciones de esos niños”.

En 2019, el gobierno colombiano solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que ayudara a reunir a los niños venezolanos con sus familias. Pero la organización ha hecho pocos avances. Dice que ha establecido contacto con las familias de 64 niños y que ha reunificado a cinco.

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El CICR busca parientes activando “una red de lazos familiares”, utilizando bases de datos estatales y consultando con iglesias, líderes comunitarios y otros que puedan tener pistas, dijo Rafael Barrantes, coordinador adjunto del programa de protección a personas separadas o desaparecidas en Colombia. Pero el éxito de una búsqueda puede depender de la información que un niño pueda proporcionar sobre su familia.

Decenas de niños venezolanos han permanecido en el sistema de bienestar infantil más tiempo del permitido por la ley colombiana, poniendo presión a los ya sobrecargados trabajadores de la dependencia, según entrevistas con defensores y funcionarios locales actuales y retirados. Los defensores de familia, abogados del Instituto de Bienestar Familiar que representan los interés de los niños ante la corte, están obligados a cerrar los casos en 18 meses.

Esto ha provocado que algunos funcionarios del gobierno y empleados tomen el asunto en sus propias manos, rastreando a las familias en Facebook, a pesar de que tienen prohibido usar las redes sociales en las oficinas gubernamentales. Algunos le dijeron al Post que han llevado personalmente a niños a través de un puente sobre la frontera con Venezuela para encontrarse con sus familiares.

Otros defensores de familia están tan desalentados que optan por no admitir a los adolescentes venezolanos en el sistema de bienestar familiar, según miembros de la sociedad civil, y en cambio les permiten seguir viviendo en Colombia por su cuenta.

Lina María Arbeláez Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dijo que el organismo ha incrementadola inversión de fondos en la niñez venezolana. También ha lanzado el sitio “¿Me conoces?”, donde hay fotos de los niños.

“Te voy a hacer una pregunta”, dijo ella. “Si devolvemos a esos niños, sabiendo las condiciones en las que está Venezuela, ¿quién nos garantiza el bienestar de ese niño? Las convenciones internacionales nos dicen que siempre que haya una brecha, o un riesgo, no hay que devolver a ese niño”.

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien tomará posesión de su cargo este domingo, ha tomado acciones para restablecer las relaciones con Venezuela. Analistas dicen que esto podría ayudar a la búsqueda de familias al otro lado de la frontera.

La administración de Duque, por su parte, avanzó un proyecto de ley en el Congreso que otorgaría la ciudadanía colombiana a los niños migrantes que ya están dentro de las instituciones de bienestar familiar. Un portavoz de la dependencia dijo que los legisladores no tenían la intención de dar a estos niños en adopción. Pero analistas advierten que darles la nacionalidad abriría la puerta a esa posibilidad.

Desde entonces, el proyecto de ley se paralizó. Pero Cortés, el exfuncionario del Instituto de Bienestar Familiar, dijo que el plan de la nacionalidad mostraba la urgencia de la administración en “acelerar” una salida en lugar de abordar el problema de raíz.

“El problema de fondo es”, dijo, “¿cómo encuentras a estas familias en Venezuela?”.

Dejado al cuidado de otro país

Cuando el niño nació, su madre era apenas una niña.

Embarazada a los 16 años de un vecino una década mayor,confió en su madre para criar a su bebé. Pero cuatro meses después de dar a luz, su madre murió en un accidente automovilístico. Su muerte en 2016, golpeó a la familia justo cuando la crisis económica de Venezuela estaba fuera de control. La joven decidió unirse a la multitud que cruzaba la frontera a Colombia.

Encontró trabajo ocasional en los clubes nocturnos de Bogotá. A menudo no ganaba lo suficiente para pagar el alquiler diario, dijo la mujer, quien habló con el Post bajo anonimato por temor a represalias.No era vida para un niño, dijo, por lo que el bebé se solía quedar con su padre, quien vivió brevemente en Colombia. Entonces,la joven madrevolvió a quedar embarazada.

A fines de 2019, dejó al niño, entonces de tres años, con su amiga Sorleidys Alcalá mientras trabajaba en un bar y ahorraba dinero para el alquiler. Un mes y medio después, según dijo Alcalá, la madre dejó de enviar dinero y de contestar sus llamadas telefónicas o mensajes. El personal del bar le dijo a Alcalá que no se había presentado a trabajar en semanas. Una trabajadora social instó a Alcalá a entregar al niño a las autoridades.

Una mañana de noviembre de 2019, Alcalá lo llevó a una oficina en Bogotá y vio cómo se lo llevaba una pequeña camioneta blanca.

“Quería ayudarte más”, escribió en una publicación de Facebook con una foto del niño, un último esfuerzo por comunicarse con su madre. “Pero estaba fuera de mis manos”.

La publicación funcionó. Al otro lado de la ciudad, un amigo se lo mostró a la madre, informándole que su hijo había sido entregado al sistema de bienestar familiar de Colombia. Era su cumpleaños número 20. Más tarde, su hija también ingresó al sistema.

Si quería recuperar al niño, le dijo un trabajador de bienestar familiar, necesitaría que un pariente viniera a Colombia para demostrar que tendría un sistema de apoyo en el país para ayudarla a cuidarlo, dijo la madre. Llamó a una tía en Venezuela, Neyda Josefina Guanipa, y le pidió que la encontrara en Colombia para una cita con la agencia.

Pero la tía nunca llegó. Después de que Guanipa tomara un autobús a la frontera con Colombia, su sobrina dejó de contestar sus llamadas y nunca envió el dinero que había prometido pagar por el viaje, segun comentó.

Guanipa regresó a Venezuela, devastada.

La madre no volvió a la dependencia de bienestar familiar y Guanipa dijo que no ha sabido nada de ella desde entonces.

“Nada estará a mi favor. No tengo familia aquí. Vivo en un lugar que no es apto para un niño”, explicó la madre del niño, ahora de 22 años, con lágrimas en su rostro. “En ese momento, yo pensaba que era lo mejor para él”.

El padre del niño dijo que una vez trató de visitar una oficina de bienestar familiar en Bogotá, pero que su nombre no estaba en el certificado de nacimiento de su hijo y no pudo encontrar información sobre el caso. Entonces llegó la pandemia.

El camino a la adopción

El niño había pasado casi dos años viviendo con una familia de acogida y en una casa hogar cuando su caso llegó hasta la Corte Constitucional.

La Defensora de Familia le dijo al magistrado que la falta de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela hacía “imposible” reunir al niño con su familia.

El tutor había presentado una demanda pidiendo que se le concediera la ciudadanía colombiana al niño. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que pidió ayuda a la oposición liderada por Guaidó, que ocupa la Embajada de Venezuela en Bogotá, para localizar a la familia del niño. El ministerio dijo que la oposición nunca respondió.

Contactado por el Post, el asesor legal de la embajada, Zair Mundaraín, no confirmó si recibió una solicitud formal por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

En julio, la Corte Constitucional le dio a la agencia de bienestar infantil tres meses para agotar todos los recursos para encontrar a la familia. De lo contrario, dijo, el niño podría ser colocado en el sistema de adopción.

Pero los funcionarios de Colombia, y de todo el mundo, se han esforzado por definir qué significa agotar todos los recursos y decidir si la carga de reunificar a las familias debe recaer en la familia del niño o en el gobierno.

José Ángel Rodríguez Reyes, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, dijo que la adopción debe considerarse como último recurso, “cuando se sabe con un nivel significativo de certeza que, de hecho, el niño no tiene parientes.”

Esto es especialmente cierto, dijo, cuando existen barreras políticas para identificar a las familias como en Colombia y Venezuela. “Mientras no se superen estas dificultades, creo que la adopción puede no ser adecuada”.

Una abogada con conocimiento del caso de la Corte Constitucional, que habló con el Post bajo condición de anonimato para poder comentar sobre temas sensibles, argumentó que los padres y otros parientes, incluidos los del niño, deberían ser responsables de buscar a los hijos de una familia.

“La pregunta es: ¿Qué hizo esa familia todo el año? ¿Por qué no aparecieron? ¿Por qué no estaban cuidando al niño? ¿Por qué no llamaron (a la agencia de bienestar familiar) para preguntar?”, dijo el abogado. “No hay madre ni padre que no cruzaría un océano, incluso sin dinero, para encontrar a su hijo”.

El magistrado Ibáñez Najar escribió que “el comportamiento de la madre, e incluso de la abuela” demostró que la familia materna no tenía interés en cuidar al niño. Los funcionarios de bienestar familiar dijeron en documentos judiciales que la abuela materna del niño está en Colombia y una vez se presentó en una oficina de la agencia. Pero de hecho, la abuela materna del niño murió hace más de cinco años. No está claro a quién se refería el magistrado, y las autoridades de bienestar familiar.

La madre del niño, que vive en un departamento estrecho en un barrio de bajos ingresos de Bogotá, no sabía que su hijo era objeto de un caso ante el tribunal más alto del país hasta que se lo informó el Post. Vive con una pareja de 43 años y su tercer hijo, de nueve meses. Los nombres de sus otros dos hijos están tatuados en sus brazos.

Ella dijo que había asumido que su hijo había sido adoptado, tal vez por una pareja estadounidense. También, que no sabía que todavía había una posibilidad de que él permaneciera en su familia, “con su propia sangre”.

Al otro lado de la frontera, una familia espera

Tres generaciones de la familia Guanipa nacieron y se criaron en el pequeño pueblo de Punto Fijo, en la zona costera occidental de Venezuela.

Las casas de la familia, que ocupan toda una manzana, son parecidas: estructuras de una planta con tres cuartos, cocina y un patio donde las familias tienden su ropa para que se seque al sol.

En una tarde reciente, los niños estaban acurrucados viendo una película en un dormitorio, el único cuarto de la casa con aire acondicionado. La matriarca de la familia, Yoleida Guanipa, cargaba en sus brazos a dos bisnietos.

Faltaba un bisnieto. La mujer de 67 años no se atrevía a hablar de él sin romper en llanto.

Las tías, primas, tías abuelas y bisabuela del niño dicen que desearían haber podido hacer más para mantenerlo con la familia, pero no sabían qué. No sabían cómo contactar a su madre. El dinero para viajar era limitado. La pandemia hizo todo más difícil.

“¿Quién se va a comunicar con nosotros desde Colombia sabiendo que somos venezolanos?”, preguntó Yoselyn Carolina González, prima de la madre. “Probablemente piensen que somos malas personas, o que simplemente volvimos a Venezuela y nos olvidamos del niño. Pero no lo hicimos."

Neyda Josefina Guanipa, quien había hecho el viaje a la frontera con Colombia, recordó recientemente que se acercaba el cumpleaños del niño, el 15 de agosto. Cuando dijo su nombre, la prima de 12 años preguntó dónde estaba. “Todavía está en Colombia”, respondió ella.

La tía abuela del niño confiaba en poder cuidarlo. Guanipa ahora trabaja limpiando casas y dice que gana suficiente dinero para cubrir todo lo que necesita. Ella tiene una habitación libre para el niño. Los muchos niños de la familia extendida van a la escuela a solo una cuadra de distancia.

Otra tía abuela sacó su teléfono celular y mostró una foto del niño en Facebook. Señaló un comentario que había dejado en la foto recientemente.

“Dios te bendiga, mi niño”, escribió, “donde quiera que estés”.

Mariana Zúñiga en Punto Fijo contribuyó a este reportaje.

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